Transparencia de beneficiarios finales en África y América Latina: Avances, pero aún queda más por hacer

La falta de transparencia en la titularidad de empresas, fideicomisos, sociedades y fundaciones es un importante impulsor de los flujos financieros ilícitos. Esta opacidad tiene consecuencias negativas en las economías y sociedades de todo el mundo, lo que resulta en una mayor inestabilidad financiera, desigualdad, y erosión de la confianza en las instituciones, en el estado de derecho y en la democracia. En colaboración con Tax Justice Network Africa y Fundación SES, Tax Justice Network publica hoy dos informes sobre el estado actual de la transparencia de beneficiarios finales en África y América Latina. La transparencia de los beneficiarios finales requiere la divulgación pública de las personas que en última instancia poseen, controlan o se benefician de un vehículo legal, como una empresa. Nuestros dos informes se basan en datos del Índice de Secreto Financiero 2022 de Tax Justice Network, cubren los últimos desarrollos y avances, y profundizan en la situación de países específicos a través de estudios de casos. A continuación, se presenta un breve resumen:

Transparencia de beneficiarios finales en África y América Latina

Los gobiernos africanos y latinoamericanos son conscientes de que la transparencia de los beneficiarios finales es una herramienta poderosa para combatir el lavado de dinero y el abuso fiscal. Nuestra investigación demuestra que se están realizando progresos en ambos continentes.

En África, 23 de las 54 jurisdicciones han implementado leyes que exigen que los beneficiarios finales de las empresas sean declarados o registrados ante una autoridad gubernamental. Nuestro informe Transparencia de beneficiarios finales en África en 2022 incluye casos reales que ilustran los perjuicios que causa el secreto financiero. En Camerún, por ejemplo, la malversación de fondos públicos destinados a responder al Covid-19 generó un debate entre la sociedad civil, los medios de comunicación y las autoridades públicas. Uno de los casos de fraude involucró a familiares del comité gubernamental responsable de las adquisiciones. Desde entonces, el país ha reconocido la necesidad de beneficiarios finales en su Ley de Finanzas de 2023, que exige que las personas jurídicas registren a sus beneficiarios finales ante una autoridad pública.

En América Latina, 10 de las 16 jurisdicciones analizadas requieren que la información sobre los beneficiarios finales sea registrada ante una autoridad gubernamental, lo que representa un aumento significativo desde 2018, cuando solo cuatro jurisdicciones lo requerían. El informe sobre “El estado actual de los registros de beneficiarios finales en América Latina” incluye una sección que explica cómo se pueden fortalecer aún más los marcos institucionales nacionales a través de estudios de casos.

A pesar de los avances, siguen existiendo importantes lagunas. Las acciones al portador, que son acciones representadas por certificados físicos que otorgan la titularidad a quien las posee, representan un riesgo significativo para la transparencia. Recomendamos que los países prohíban el uso de acciones al portador y eliminen gradualmente las restantes. La falta de acceso público a los registros también es una gran debilidad.

Los estudios también revelan los compromisos de los gobiernos con la transparencia de los beneficiarios finales en sectores específicos. Algunos países se han comprometido a divulgar información sobre beneficiarios finales para las empresas de las industrias extractivas como parte de la Iniciativa de transparencia de la industria extractiva. También se han hecho compromisos similares para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en la adquisición de bienes y servicios durante la pandemia, cuando varios países se comprometieron a publicar los beneficiarios finales de las empresas adjudicatarias de contratos gubernamentales como parte del acceso a la financiación del Fondo Monetario Internacional.

El camino a seguir

El progreso en la transparencia de los beneficiarios finales varía ampliamente entre países y regiones. Incluso en aquellos países que han implementado marcos sólidos, existen lagunas que pueden ser explotadas. Por ejemplo, la legislación debe cubrir todas las entidades legales (no solo las empresas, sino también asociaciones, fideicomisos y fundaciones). Una definición clara y completa de quién califica como beneficiario final y métodos eficientes para mantener esta información actualizada también son componentes cruciales para establecer un sistema sólido para la transparencia de los beneficiarios finales. Además, en el caso de incumplimiento de estos requisitos, son necesarias consecuencias y la aplicación de sanciones para impedir el abuso.

Cualquier progreso en la transparencia que un país haga siempre corre el riesgo de ser socavado por la opacidad en otros países. Es importante destacar la gran responsabilidad que tienen algunas de las principales economías del mundo para mejorar sus propios marcos. El sur global enfrenta enormes desafíos para responsabilizar a sus elites, dado que estos importantes actores internacionales  les brindan ayuda y les permiten evadir el estado de derecho en sus países de origen. Los países de bajos ingresos son las principales víctimas del sistema extraterritorial mundial y sufren de manera desproporcionada los flujos financieros ilícitos. Si bien en gran medida no son responsables de permitir estos flujos, los acontecimientos recientes muestran que los países de bajos ingresos necesitan importantes actores internacionales para brindar transparencia, pero no pueden confiar en que lo hagan. Si bien Estados Unidos presentó recientemente una ley que regula la transparencia de los beneficiarios finales, el progreso logrado a través de la Ley de Transparencia Corporativa en 2021 es insuficiente. Por otro lado, la Unión Europea, que anteriormente tenía un régimen de transparencia relativamente avanzado, dio un gran paso atrás con un fallo judicial a fines del año pasado que aceptó el argumento de que la transparencia de los beneficiarios finales viola la privacidad personal. Este fallo llevó a los países a restringir el acceso a sus registros en cuestión de horas. Este revés destaca la necesidad de que los países del sur global implementen sus propias medidas de transparencia de manera unilateral para protegerse en la medida de lo posible de los daños del secreto financiero.

Para ayudar a los países a lograr una transparencia óptima, Tax Justice Network ha publicado una hoja de ruta que describe los pasos hacia las mejores prácticas para la implementación de registros de beneficiario.

[Se pueden encontrar enlaces a los informes de América Latina y África aquí.]